Opinión

Ante el silencio, el ruido

La violencia contra la mujer es un enemigo silencioso de la sociedad, que cuando menos nos damos cuenta estalla con hechos crueles que nos afligen, lamentamos y rechazamos como seres humanos, diciendo frases como “esto no debió ocurrir” o “¿por qué no le prestamos atención?”. Llegó la hora de insistir y llamar la atención a la ciudadanía en general, pero sobretodo a las instituciones del orden nacional y territorial, encargadas de velar por la garantía, promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres, que este problema requiere atención urgente.

La violencia contra la mujer, sea por acción u omisión, en la cual, como lo señala el artículo 2 de la Ley 1257 de 2008, “se le cause la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, por su condición de mujer, así como las amenazas de hacerlo, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, en público o privado”, son castigadas por la ley e inadmisibles en una sociedad que, en pleno siglo XXI, continúe con prácticas patriarcales inobservadas que reafirman representaciones e imaginarios sociales, menoscabando los derechos de las mujeres y desnudando la cultura machista que nos gobierna.

No es un problema menor e Ibagué debe implementar acciones urgentes para enfrentarlo, porque no es solo “cemento” el accionar válido de un gobernante, también está el bienestar social y esto, para el caso de la violencia contra la mujer, requiere un cambio cultural encaminado a la transformación de las relaciones de género, a la construcción de nuevas masculinidades y, también, la superación de las barreras institucionales entorno a la protección de la mujer.

Según el informe de seguimiento a la implementación de la Ley 1257 de 2008, titulado “Ley 1257. Ocho años de obstáculos en la protección integral para las mujeres víctimas de violencia” realizado por Andrea Catalina León Amaya y Linda María Cabrera Cifuentes, se han identificado obstáculos en el acceso a las medidas de protección en salud, educación, trabajo y justicia que “se explican por fallas institucionales que impiden el trámite de las medidas de protección y atención bajo el concepto de protección integral establecido en la Ley 1257”. De esas barreras identificadas, todas contribuyen a la violación de los derechos de las mujeres, pero hay dos que requieren acciones concretas y efectivas, que desde el ámbito territorial se pueden adoptar, primero, las actuaciones de las comisarías de familia y demás instituciones encargadas de ejecutar la ley, segundo, el cambio en la cultura ciudadana del respeto a la mujer.

Frente a la primera acción concreta que se debe adoptar en el ámbito municipal y según el informe relacionado, es derribar obstáculos, donde los principales son los “vacíos en los procedimientos de atención adoptados por las comisarías de familia; la competencia de las mismas, reducida a órdenes de protección policivas, cuando en muchos casos se pueden incluir otras relacionadas con la salud, el trabajo y la educación; ausencia de claridad sobre la prohibición legal de conciliar la violencia intrafamiliar”, todos estos actos, que disminuyen los derechos de las mujeres y, por supuesto, van en contravía de la intención de la ley.

En relación a la segunda acción, es necesario trabajar en lo que, el “Informe Defensorial: Violencias Basadas en Género y Discriminación” de la Defensoría del Pueblo denomina “construcción de nuevas masculinidades, fortalecimiento de programas que inciden en la cultura colombiana y el reconocimiento de la diversidad de las mujeres”. Lograr esto reclama, por un lado, que el municipio esté coordinado con los lineamientos nacionales y, por otro lado, disponer de lo más importante, la asignación de los recursos necesarios para avanzar en el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres. La ausencia tanto de recursos como de voluntad es una forma de legitimar prácticas violentas que se han reproducido generacionalmente y están fuertemente instaladas en la cultura diaria de nuestro país.

@camiloossa10

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