La protesta de las mujeres se da por el tratamiento que el imputado exsenador le dio a la jueza Carmen Helena Ortiz, desmeritando y desvirtuando su ejercicio profesional.

En un comunicado, la Asociación Colombiana de Mujeres Jueces aseguró que cumpliendo con lo establecido en el articulo 6° del Código Iberoamericano de Ética Judicial, denuncian públicamente las expresiones del señor Álvaro Uribe Vélez y los funcionarios que laboraron en sus gobiemos.

Dichas menciones se encuentran plasmadas en el comunicado de 01 de mayo del año que avanza, dirigidas a la opinión pública nacional e internacional, tendientes a cuestionar y desacreditar la función judicial.

El expresidente Álvaro Uribe expresó, a través de un comunicado que lleva como título Expropiaron mi reputación, que aunque respeta a la juez, no estaba de acuerdo con lo que estableció.

En el documento, Uribe se encargó de enumerar lo que criticaba y, de alguna manera, explicar lo que se le cuestionó y que ahora lo tiene a las puertas de una nueva pelea para demostrar que, a diferencia de lo que se ha dicho, no manipuló testigos ni tergiversó un proceso a judicial para ponerlo a su favor.

Por tanto, las profesionales presiden que tales manifestaciones perturban gravemente la independencia judicial, ponen en entredicho la democracia que reclaman, y son generadoras de violencia, pues promueven la pérdida de credibilidad en el sistema judicial.

En el escrito las mujeres exponen: “Nuestra Asociación, a tono con la Asociación Internacional de Mujeres Jueces, así como de todas las agremiaciones que defienden los derechos de los Jueces y de la justicia”

Y añaden, “Respaldamos a la señora JUEZ VEINTIOCHO PENAL DEL CIRCUITO DE CONOCIMIENTO de Bogotá quien en su condición femenina ha sido víctima de la hostilidad patriarcal que hoy se pronuncia a través de comunicados inéditos, pues al haberse emitido decisiones similares por personajes masculinos las reacciones no tienen punto de comparación” enfatizan.

Finalmente aseveran qué, “En consecuencia, exigimos respeto por las decisiones judiciales y en especial por la vida, honorabilidad e integridad física de las mujeres que ejercen la labor de administrar justicia, a quienes se pone en riesgo cuando sus decisiones pretenden ser controvertidas por vías distintas a las procesales” puntualizaron.

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