En este momento, en Ibagué, el acuerdo empresarial que creo a SITSA, está deshecho, pues de las 7 empresas que deberían conformarlo, 2 están por fuera (y, estas 2, representan, al menos, el 60% de la operación) y ante esto nos preguntamos ¿cómo piensa contratar la administración municipal las obras, sin haber definido lo sustancial que es el operador? Aquí nos deben una explicación.

El paro de transportistas de la semana pasada puso en el orden del día el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) y la necesidad que, toda la sociedad Ibaguereña, nos apersonemos y apropiemos del proceso para sacarlo adelante. Es este, de los pocos proyectos, junto con el acueducto complementario, que son relevantes y anclas para transformar la ciudad, impulsar el emprendimiento, la reactivación económica y crear fuentes de empleo dignas, con especial énfasis, en los jóvenes y mujeres de nuestra tierra.

Han pasado 20 años -2002- desde el momento en el que se diagnosticó a Ibagué como ciudad piloto intermedia para implementar el SETP y, junto al paso del tiempo, también se han contratado ¡más de 5 estudios! de diseño conceptual, estructuración técnica, financiera, jurídica y actualización -uno por cada cuatrienio-, ¡una barbaridad! y como diría el tango de Gardel “Volver”, pareciera ser que 20 años no son nada y seguimos patinando ante la incertidumbre de una morosa decisión judicial, la insoluta solicitud y aspiración, por demás justa, de los transportistas, sin ser atendida, la desunión como una constante de los transportadores y los “intereses” contractuales de la administración (buscando dejar contratadas obras, al parecer, desarticuladas), que no permiten alinear un proyecto estratégico y fundamental para erigir a Ibagué como ciudad sostenible, amable y competitiva.

En cifras, el sistema de tres rutas estructurantes y alimentadoras, que requerirá 656 vehículos, podría generar una inversión entre pública y privada por encima de 1 billón de pesos para ser ejecutados en los próximos 5 años -$466.000 millones de participación pública (alcaldía y nación) y $400.000 millones por compra vehículos, más la infraestructura eléctrica y los vehículos eléctricos).

Pero hay más, el sistema de recaudo centralizado que es uno de los puntos neurálgicos del paro, puede (y debería, es el deber ser), conforme a la Ley 1955 de 2019, ser desarrollado en una alianza publico privada entre el gestor, los transportistas y transportadores, en asocio con las universidades locales y desarrolladores de software para implementar el sistema de recaudo, de control y gestión de flota, el sistema de información al usuario y el uso de dispositivos inteligentes de pago. Adicionalmente, preparar el proceso para saltar a un sistema de transporte inteligente, que involucre desde la bicicleta, al transporte de canasta y/o tren ligero, o pesado con integración del sector rural de Ibagué y los municipios que conforman el parque de los nevados.

Igualmente, se tiene previsto que el 5% de la flota sea con vehículos eléctricos, que puede subir al 10% o más, si vinculáramos al Gobierno Nacional en desarrollo de la Política Nacional de Cero Carbono, establecida en el Plan Nacional de Desarrollo  2018 – 2022 y, por supuesto, en el PND que se discutirá el año entrante, para apalancar financieramente a los transportistas en la adquisición de la flota eléctrica, conectándolos directamente al sistema y permitiéndose, a su vez, que la infraestructura eléctrica sea montada, por qué no, con un alumbrado público con paneles solares.

Camilo Ernesto Ossa B.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *