Camilo Ernesto Ossa

La Policía que necesitamos

“Todo parecía muerto, helaba la sangre en las venas y daban unas ganas tremendas de ahorcarse en ese mismo álamo junto al puente. Ni una brisa, ni un movimiento de las nubes, ni un alma.
¡Qué lugar más espantoso para un hombre vivo!”.
Extracto de “El Maestro y Margarita” de Mijaíl Bulgákov. Pues así estamos en Colombia, como el relato de aquel libro, defendiendo un sistema de gobierno decadente, con el 42,5% de la población en pobreza, el 15,1% en pobreza extrema y envuelta en esta cruel violencia para “justificar” una “batalla” de “buenos” y “malos”, hágame el favor. ¡Espantoso!

¿Cómo justificar la aparente violencia sexual como mecanismo de represión de las manifestaciones? ¿Cómo justificar la aparente violencia sexual como mecanismo de represión de los actos vandálicos? ¿Cómo rodear la “institucionalidad” frente a los casos de violencia sexual cometidos, presuntamente, por miembros de la fuerza pública? ¿Cómo, después de conocer las cifras y los casos de violencia sexual, presuntamente cometidos por la fuerza pública, puede siquiera pensarse o “pedirse” la militarización de las ciudades? Debo confesar que el caso de Alison Meléndez en la ciudad de Popayán me produce terror, con solo pensar siquiera que, algún desafortunado día, podría ser mi esposa quien quedara rodeada por aquellos vástagos de la “institucionalidad”. No son todos, eso está claro, pero tampoco se trata tan solo de unas manzanas podridas, el problema es grave y profundo. Requiere una reforma a la Policía.

Según la ONG Temblores, en los más de 18 días de Paro Nacional, los casos de abuso sexual a mujeres, por parte, al parecer, de la fuerza pública, ascienden a ¡16!, según esta misma ONG, la mayoría de los hechos ocurren durante las noches y en estaciones de policía, donde pareciera ser que la justicia no llega, o no es efectiva, o no disuade, salvo que el caso salga a luz pública, pues por un lado, resultan cobijados por la Jurisdicción Penal Militar o, por el otro, la inacción judicial deviene en injusticia. Otro sector que requiere reforma, la justicia. Pero, los hechos de violencia sexual, cometidos, aparentemente, por miembros de la fuerza pública, no es un problema de hoy, según la misma ONG Temblores, Medicina Legal registró, entre los años 2017 y 2019, 102 hechos de violencia sexual, sumados a otros 30 casos durante el año 2020, “donde el presunto victimario es la policía”.

Gravísimo, primero, por ser una flagrante violación a los derechos humanos y libertades ciudadanas que no podemos tolerar, segundo, porque los ojos de la comunidad internacional ya están puestos sobre la aparente violencia de la fuerza pública en Colombia. Por lo menos así lo hizo saber un grupo de congresistas de los Estados Unidos, al enviarle una carta al Secretario de Estado de ese país Antony John Blinken, donde le solicitan “suspender la asistencia directa a la Policía Nacional de Colombia hasta que no se observen mejoras reales en el uso de la fuerza y no se asuma la responsabilidad judicial por los casos evidenciados en medio de las protestas”.    

La reforma estructural a la Policía no da espera, tenemos que volver al modelo establecido en la Constitución de 1991, concebida como un cuerpo civil –no militar-, completamente educado y formado, depurando a sus integrantes en todo orden, desde Generales de la República hasta Cadetes, sin olvidar también que su juez natural debe ser la jurisdicción ordinaria y no la penal militar, sin posibilidad alguna de impunidad por sus acciones u omisiones. En fin, necesitamos una policía amiga del ciudadano y defensora de los derechos humanos.

Necesitamos un nuevo contrato social

No sobra recordar que, el tránsito de diferentes modelos de Estado, la construcción real de lo que hoy conocemos como democracia –considerando, o no, su (de)valuación-, el establecimiento del principio democrático, que es heredado del Estado Liberal, son caminos recorridos para llegar al Estado Social de Derecho, un modelo de Estado con prevalencia de la Constitución, donde el respeto a los derechos fundamentales es real y efectivo, sin excepción alguna, donde los gobernantes tienen plena sujeción a la Constitución y a la Ley, donde es claro que la ciudadanía –hoy libre- es su verdadero gobernante y, por esa razón, somos nosotros quienes decidimos a quién entregarle, de forma provisional, la dirección del Estado y, en su caso, de las diferentes entidades territoriales.

En Colombia y, en especial, en Ibagué, siempre debe sobresalir el respeto a la vida, también a los bienes públicos y privados –en eso no hay discusión-, pues esto no es “juego” –ni mucho menos una guerra- de buenos y malos, es una reivindicación por el respeto, promoción y garantía de derechos y libertades, donde se debe anteponer la NO violencia como suprema dirección de cualquier manifestación y también de quien pretende apaciguarla. Garantizar estos principios fundamentales requiere ponerse en sintonía con la realidad del país y de quienes en él habitamos. Si bien fue la inequitativa reforma tributaria la gota que rebosó la copa, los problemas sociales y económicos del país son mucho más profundos y requieren en esencia, un nuevo contrato social que nos permita avanzar como sociedad, alcanzar la equidad, pero sobre todo, que nos permita romper el circulo vicioso de la pobreza, con una inclusión efectiva que nos lleve a alcanzar el desarrollo económico sostenible.

Lograr este nuevo contrato social, que necesita Colombia, requiere que el Presidente Iván Duque abra el diálogo con los actores sociales que verdaderamente representan el Paro Nacional, más no con actores políticos, pues hoy día son aquellos y no estos, quienes representan el sentir y el clamor popular, están en las calles reclamando, con toda razón y el derecho a hacerlo, condiciones dignas en empleo, educación, salud y una clara manifestación por el agotamiento ciudadano producto del COVID-19, que ha ahondado las inequidades sociales y, por supuesto, la crisis económica, y ni que decir de la lentitud del plan nacional de vacunación que se adelanta en el país, algo que además, es clave para lograr la reactivación económica.  

Son todos estos ingredientes –y tal vez muchos más- los que han propiciado la participación activa de los jóvenes, gestores y actores culturales, profesionales de la salud, transportadores, profesores, empresarios, profesionales y ciudadanos en general, solo por mencionar algunos, quienes han decidido salir a la calle, pero, con un ingrediente disruptivo en la actualidad, ha sido la manifestación de los jóvenes del país, quienes se sumaron al Comité Nacional de Paro, los que han ocasionado una coyuntura crítica y circunstancial que envía un claro mensaje al gobierno nacional y, de paso, a los gobiernos locales, del descontento generalizado con las políticas que han regido a este grupo poblacional, pues se requieren oportunidades –educación y trabajo- para ellos, que les permita tener una evolución incremental en su desarrollo personal y profesional y aportar así al desarrollo económico y social nacional. Lo que se siente hoy, es que el cambio es imparable.

@camiloossa10

Grabando y gravando

Terminamos el pasado mes de abril con tres noticias económicas y sociales nada alentadoras para el país, en primer lugar, la insistencia y persistencia del Gobierno Nacional en una reforma tributaria absolutamente inequitativa, que solo después del clamor nacional, las manifestaciones ciudadanas y los abusos que terminaron en la muerte de varios colombianos, incluida la de Santiago Murillo en Ibagué –que nos duele como seres humanos y nunca debió ocurrir-, aceptó retirar. El descontento con la reforma y claro, de paso, con el gobierno en general, ha sido más que evidente. En segundo lugar, el informe del DANE sobre pobreza monetaria en Colombia y, tercero, el índice de desempleo en Colombia.

Frente al primer tema, ya me había referido en una columna anterior, sin embargo quiero resaltar un aspecto que me parece fundamental en relación a la política monetaria colombiana que, a decir lo menos, es bastante disonante con la realidad económica y social del país y, que además, difiere en la forma y en el fondo con el actual proceso de reforma que también se está discutiendo en Estados Unidos, donde ellos están apostándole a una construcción económica y social post-covid, a través de la clase obrera, ¡como debe ser!.

Mientras en Colombia se pensó excluir de la reforma el impuesto a las bebidas azucaradas, a los grandes conglomerados económicos y al sector financiero, es decir, las rentas de capital, el Presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció un “plan para las familias estadounidenses en educación e infancia de cerca de 2 billones de dólares, donde se incluye un recorte de impuestos para la clase media de cerca de 800.000 millones de dólares”, una clara apuesta a rescatar la clase trabajadora de ese país, muy en el sentido opuesto de lo que planteó el presidente Iván Duque en Colombia. Para lograr esto, se piensa, en Estados Unidos, “cancelar los recortes de impuestos para los más ricos del país y aumentar los impuestos sobre la renta de capital para el 0,3% más rico del país”. Durante el anuncio, el Presidente Biden dijo que el plan sostiene algo que él siempre ha dicho: “Wall Street no construyó este país, la clase media construyó este país y los sindicatos construyeron la clase media”. Adicionalmente fue enfático en advertir que la creación de fuentes de empleo es la clave para salir de la crisis actual.

En segundo lugar, según el DANE, para el año 2020 en Colombia, la línea de pobreza monetaria se ubicó en $331.668 y con la cual “(sobre)viven” el 42,5% de los colombianos, esto es, 21 millones de personas y la línea de pobreza monetaria extrema estuvo en $ 145.004, a la cual pertenecen el 15,1% de colombianos, 7,5 millones de personas en esta condición, ¡más de la mitad del país!. Sin verdaderos proyectos de infraestructura que generen desarrollo, una apuesta clara al emprendimiento, a las Tic´s, entre otros, que generen crecimiento y permita a estas personas salir de la condición en la cual se encuentran sumidos, el panorama seguirá siendo desalentador. Y, si a lo anterior, le sumamos una reforma tributaria financiada principalmente por la clase media para el subsidio a los estratos más bajos, nos convertiremos en un modelo de movilidad social pero a la inversa, que, a la final, logrará ensanchar la brecha social.

Tercero, termina el mes de abril con las cifras de desempleo en Colombia, que para marzo de este año se ubicó en un 14,2% en el total nacional, generando mayor preocupación el desempleo en la mujer, pues a nivel nacional está en el 18,8% mientras que el de los hombres en un 10,9%. Por otro lado, para el caso de los jóvenes, la tasa de desempleo a nivel nacional es del 23,9%, pero en Ibagué, la más alta del país, es del 32,3%. Todos estos ingredientes en una olla pitadora a punto de estallar y, el presidente desconectado, en lo de él, grabando y… gravando.

Las abolicionistas que maquilan sueños en el Tolima

Hoy les vengo a contar una historia maravillosa de restitución de derechos, emprendimiento y movilidad social, digna de ser replicada y multiplicada en todos los territorios donde ha permeado la violencia y la esclavitud como formas de (sub)desarrollo social. En Ibagué, nuestro principal activo es la ciudadanía libre y empoderada, convencida de los procesos de transformación de la realidad a partir del respeto, promoción y garantía de derechos y, cuando esto se junta, con el ánimo al progreso, la resiliencia y la solidaridad, tenemos resultados, diría yo, sorprendentes, solo que, a veces, caminamos demasiado rápido y no lo notamos.

La semana pasada recibí una invitación a conocer un proyecto social que, a parte de ropa, maquila oportunidades. Hablamos del centro de moda abolicionista que trabaja por la restitución de derechos, da trabajo digno, prestaciones sociales y calidad de vida a mujeres víctimas, tanto de violencia y explotación sexual, como a personas que han sufrido discriminación por ser población diversa, mujeres víctimas del conflicto armado, de violencia intrafamiliar y drogadicción; todas estas personas que, a hoy, son, o aspiran a ser, operarias de moda.

El proyecto se llama “Toma mi mano”, tiene marca región registrada y es el primer caso de éxito local con ruta de atención, las operarias de moda son 23 mujeres que hacen parte del programa de prevención por estar en situación de riesgo y vulnerabilidad, pero al lado de ellas está la Fundación Dignidad Abolicionista, como lider del proyecto, quien aparte del acompañamiento psico-social, ha buscado la consolidación de esfuerzos para capacitar a 400 mujeres en el Tolima en confección, han logrado caracterizar 658 personas en condición de prostitución en Ibagué y han logrado la unión tripartita (fundación – empresarios- SENA), para lograr la realización de este proyecto. Se espera, con la consolidación de 4 proyectos más, poder llegar a 600 mujeres en el año 2028.

A la cabeza de la Fundación Dignidad Abolicionista y como gestora del proyecto está Andrea Abella, a quien conocí en el año 2018 en mi paso por la Personería Municipal. En ese momento me contó de esta maravillosa idea que ya empezó a materializar con éxito, donde ha tenido que luchar, luego de un proceso de recuperación completa, para convertirse en una verdadera defensora de cualquier forma de esclavitud en el país, una ABOLICIONISTA.

Apoyadas por un grupo de empresarios que le apostaron al proyecto, con el acompañamiento de la Cámara de Comercio de Ibagué y con la capacitación del SENA en la formación de las operarias, todos los días llegan a su nuevo lugar de trabajo, con garantías, a maquilar la ropa de varias marcas locales, así es que tanto ustedes lectores, como yo, en cualquier momento podríamos haber comprado y usado ropa maquilada por las operarias de moda del Tolima, y sino lo hemos hecho, que sea esta una razón para siempre apoyar la industria local, porque detrás de cada prenda que usamos hay una historia por contar, hoy, contamos la historia de las Abolicionistas del Tolima, cargada de esperanza e ilusión de lograr la movilidad social y la restitución de derechos que en Colombia suele ser una utopía. 

Desafortunadamente en el proyecto no hay participación ni del gobierno municipal ni departamental, por la siguiente razón, porque no está incluido en los planes de desarrollo y, como consecuencia de lo anterior, no tiene asignados recursos, por eso llamamos la atención a los gobiernos para que se interesen e incluyan estos proyectos de restablecimiento de derechos en sus programas de gobierno, como forma primigenia de soporte para alcanzar el desarrollo local, ese es el camino.

@camiloossa10

Otra reforma que ahonda la inequidad

La Nación pierde al año, por actos de corrupción, ¡50 billones de pesos! Así lo dijo el Contralor General de la República en el XV encuentro de la Jurisdicción Constitucional. Es el 17% del Presupuesto General de la Nación y, según el mismo Contralor, solo en regalías se perdieron en el 2020, 1,3 billones de pesos, ahí están los dineros que necesita el país para tapar el hueco fiscal, que, según el Ministro de Hacienda, ha dejado la pandemia y ascienden al 8,6% del PIB en el 2021 y para lo cual, con la funesta reforma tributaria que presentaron al Congreso, esperan recaudar alrededor de 25 billones de pesos. Pero, ni un esfuerzo por hacer la reforma a la justicia que requiere con urgencia el país y que nos ayude a combatir la corrupción.

El verdadero problema nos lo ocultan a los colombianos, pues tenemos unos altos niveles de pobreza, según el DANE, en el 2019 la pobreza monetaria fue del 35,7% y la pobreza monetaria extrema del 9,6%. Un hogar, conformado por 4 personas, según el DANE, será pobre si tiene un ingreso inferior a $1.310.696, por otro lado, si ese mismo hogar –de 4 personas-, tiene un ingreso inferior a $549.400 será pobre extremo, estamos hablando del 45,3% de la población colombiana, ¡casi la mitad del país!.

Sin crecimiento económico y proyectos de infraestructura acordes a las necesidades de la población, la reforma tributaria propone darle, a los hogares en pobreza (el 35,7%), un subsidio entre $80.000 y $252.142 y, para los hogares en pobreza extrema (el 9,6%), un subsidio entre $80.000 y $366.101, toda una miserableza con la cual no vamos a sacar a estos hogares de su condición, por el contrario, los perpetuamos y los condenamos, por cuanto no tienen las herramientas necesarias para salir del circulo vicioso en el que se encuentran. El ensanchamiento de la brecha social es cada vez mayor.

Hace pocas semanas advertí y lo he venido reiterando constantemente por ser un asunto de mucha gravedad para el futuro del país, que, según un estudio de la Universidad Javeriana, en Colombia había aumentado la brecha educativa, por cuenta de la falta de acceso a internet y un computador por parte de algunos estudiantes del país –con seguridad los que pertenecen a ese 45,3% de la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema-, ante esto, la respuesta del Gobierno es gravar con IVA del 19% los computadores y tablets, entre otros. Hablemos de inequidad, por cuanto, a mediano plazo, esta situación comenzará a pasar factura en Colombia y, según lo reporta este diario, también respecto de la baja calidad de la educación en el Tolima.

Poner a declarar mayormente la renta al trabajo; a quienes devenguen más de 4 millones mensuales e incluir a corto plazo a quienes ganen más de 2 millones y medio al mes, gravar con IVA los servicios públicos para la clase media, así como la gasolina, pero al mismo tiempo excluir del impuesto las bebidas azucaradas, a los grandes conglomerados económicos y al sector financiero, es decir, las rentas de capital –estos últimos, quienes en medio de la pandemia obtuvieron utilidades por 5,8 billones de pesos-, es cuando menos inmoral y esconde el verdadero problema que azota al país: una profunda inequidad, que ahonda la reforma tributaria.

Me gustaría que el ingreso solidario tenga un carácter permanente, pero que incluya oportunidades de crecimiento y movilidad social para los vulnerables, que la gratuidad en la educación para los estratos 1, 2 y 3 sea una realidad material pero que incluya la generación de fuentes de empleo y no sigan siendo los jóvenes, uno de los grupos poblacionales más golpeado con el desempleo.   

Recuperemos el aporte económico y social del río Magdalena

Hay que entender la capacidad que tienen nuestros ríos para convertirse en verdaderos ejes del desarrollo sostenible en el departamento del Tolima, necesitamos que las poblaciones ribereñas vuelvan a estar de frente al río, específicamente, al río Magdalena como nodo de transformación social y económica y como centro articulador de un proyecto nacional que integre al río desde su nacimiento hasta su desembocadura, pudiendo hablar, en el Tolima, de áreas metropolitanas entorno al río, con vocación eminentemente turística y de pesca artesanal.

La planificación urbana del último siglo en Colombia ha venido desarrollando modelos de ciudades que responden más a un orden espontáneo que a uno planificado, siendo entonces interacciones a nivel micro que en el agregado total dan forma a la ciudad, dejando de lado, muchas veces, la significativa importancia que tienen las infraestructuras naturales en el desarrollo del territorio. Tesis esta, de los órdenes espontáneos, planteada por Friedrich Von Hayek, donde es este “orden espontáneo el que permite el aprovechamiento del conocimiento que individualmente no poseemos, porque cada uno, al utilizar su particular conocimiento, ayuda a otros individuos desconocidos”. Tal vez así lo hemos venido desarrollando, basados en interacciones micro e individuales que dan una forma colectiva y de asociación, pero que no necesariamente responden a la vocación de ciudad de acuerdo a las virtudes sociales o naturales y, esto, nos pasa factura porque por ahí no es.

Hay que darle la cara al río y desarrollar económica y socialmente los municipios que colindan con ellos, debiendo ser autosostenibles. Municipios, por ejemplo, como Natagaima, Purificación, Coyaima, Prado, Guamo, Espinal, llegando a Flandes y pasando por Coello, Piedras, Venadillo, Ambalema, Armero Guayabal y Honda, toda una ruta hidrográfica donde su principal sustento y fuente de ingreso debe ser el turismo y su eje articulador el río Magdalena, necesario para potenciar lo que podría denominarse un turismo gastronómico, con verdaderos proyectos de infraestructura entorno al río que lo hagan atractivo para el turista.

Un viudo de capaz, una cazuela de bagre o un bocachico sudado, son platos apetecidos por propios y extraños que deberían engrosar el reconocimiento gastronómico local, junto al tamal y la lechona –solo por citar dos ejemplos-, con los cuales les podemos tender la mano a los pescadores de la región, que lo hacen de manera artesanal y que, con el paso del tiempo, han perdido el reconocimiento –social y económico- a su labor y de paso, han obligado a estas ciudades a buscar vocaciones económicas en otras actividades, sin éxito, pues la salida está en el apoyo, el reconocimiento y la exaltación a lo que somos, a lo que vivimos, a lo que comemos y a lo que hacemos.

El Tolima requiere proyectos que generen el desarrollo territorial y hagan que nuestros municipios sean sostenibles de acuerdo a sus características y vocaciones, eso da libertad a los pueblos, más no programas que nos mantienen a la espera de lo que nos quieran ofrecer, pues con esto último subsidian y mantienen nuestra vulnerabilidad y pobreza, pero nos arrebatan una libertad que debe ser sinónimo de progreso. 

Otro día hablaremos de nuestro río Combeima.

@camiloossa10

Hay que avanzar, también en lo que está pendiente

El panorama que deja el último Informe de Riesgos Globales 2021 elaborado por el Foro Económico Mundial es preocupante y desalentador, por eso tenemos que reflexionar con las cifras y solucionar para avanzar. Señala el informe que “la pandemia amenaza con hacer retroceder años de avances en la reducción de la pobreza y las desigualdades, y con debilitar aún más la cohesión social y la cooperación internacional”. En Colombia, continua el informe señalando, “los principales riegos son el desempleo, cobertura logística de vacunación, la crisis fiscal, la vulnerabilidad cibernética y la brecha social”.

Hoy me voy a referir al primero y el último –desempleo y brecha social-, ya que estos riesgos que prevé el Foro Económico Mundial como consecuencia de la pandemia, o los venimos viviendo desde hace ya bastantes años, o por lo menos, ya los comenzamos a materializar y son bases fundamentales del desarrollo.

Por un lado, la crisis que tenemos en materia de empleabilidad es de vieja data –claro está, con periodos de tiempo donde, a nivel nacional, no local, se ha logrado reducir a un dígito-. Según el último informe del mercado laboral en Colombia realizado por el DANE, en el país el desempleo es del 15,9% y en Ibagué es del 21,5%. Pero si de desigualdad y brecha social se trata, el desempleo en Colombia para las mujeres, en el trimestre móvil diciembre 2020 febrero 2021 es del 20,7% ¡nueve puntos porcentuales más que los hombres en el mismo periodo de tiempo!. El informe del Foro Económico Mundial señala que, en América Latina, como consecuencia de la pandemia, la participación de la mujer en el mercado laboral se redujo en diez puntos porcentuales, es mucho y significa un retroceso de años en la lucha por la igualdad de los derechos de las mujeres.

Por otro lado, las desigualdades y las brechas sociales han mostrado su lado más desalentador, pues a la par del aumento en las cifras de desempleo en la mujer, reitero la preocupación por el aumento de la brecha educativa en Colombia, a causa de la falta de acceso a internet y un computador por parte un sector de la población joven del país –los de menos oportunidades-, un impacto negativo directo al empleo, al emprendimiento y al crecimiento.

No es coincidencia, es ausencia, como ya lo había traído a colación en una columna anterior, un estudio de la profesora Silvia Otero Bahamón de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, titulado ¿Qué es lo subnacional de la desigualdad subnacional? Una mirada interseccional a la desigualdad en Latinoamérica, analiza las tasas de analfabetismo en Colombia, donde, según en el censo realizado en el año 2018, se encuentra en el 5% en Colombia, pero, nos da un panorama de la desigualdad interseccional que aún existe.

Según este último estudio, en la región andina, donde se encuentra ubicado el Departamento del Tolima, la mujer rural e indigena tiene una tasa de analfabetismo del 25,48%, un hecho, cuando menos preocupante, donde el llamado es, tanto al Gobierno Nacional, como al departamental y municipal, a que fijen la mirada en aquellas poblaciones de creciente desigualdad y garanticen unos mínimos, como sería el acceso a la educación, a la salud, al internet y a la formalidad laboral de la población como garantías para reducir la brecha social.

Camilo Ernesto Ossa B.

@camiloossa10

¡Es con Políticas Públicas!

La última encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría y publicada por la revista Semana arroja unos resultados desalentadores para Ibagué, pero al mismo tiempo nos está dando una radiografía de la condición actual de la ciudad. Y no es solo el hecho que el Alcalde Municipal tenga una calificación promedio de su gestión de 2,4 –en una escala de 1 a 5-, sino también, el hecho que el 70% de los ibaguereños considera que la ciudad va por mal camino. Esto es grave porque, al día de hoy, significa que está perdiendo legitimidad.

Esto, es un claro ejemplo de causa-efecto, pues lo que más le preocupa a los ibaguereños son tres cosas: primero: el desempleo, segundo: la inseguridad y, tercero: la quiebra económica. Todos estos indicadores tienen un común denominador, una profunda crisis económica y social.

El primero de ellos requiere ahondar en la generación de fuentes de empleo con capacidad de perdurabilidad en el tiempo –una ciudad con una vocación tecnológica que incite al emprendimiento, pero también una apuesta a la agroindustria regional, así como un creciente interés en potencializar la zona franca, pueden dar una luz en medio del sombrío panorama-.

El segundo, la inseguridad, no se resuelve solo con más policías en las calles ni con la militarización de la ciudad, es con oportunidades a los miles de hogares que viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad –en especial a los jóvenes de la ciudad quienes son los más golpeados con el desempleo-.

El tercero, la quiebra económica, llama con urgencia un plan de reactivación económica –desde el año pasado he venido insistiendo en que, en Ibagué, no hay un plan de reactivación económica, lo que hemos tenido ha sido una reapertura de la economía y con planes pilotos-. Se requieren ayudas, por parte del Gobierno, para las micro y pequeñas empresas de la ciudad, que nos puedan llevar a conservar puestos de trabajo, generar incentivos a la inversión y, por supuesto, definamos la vocación económica de la ciudad. Transformar ideas en políticas públicas a corto, mediano y largo plazo es lo que requieren los ibaguereños para recuperar la confianza y perder la incertidumbre que puede existir en la población, pero sobretodo, para incentivar actividades en sectores económicos concretos.

La encuesta da la respuesta y lo vuelvo a repetir, ¡es con políticas públicas acertadas! que se puede lograr que la ciudad sea competitiva y equitativa. El resultado así lo indica, pues nos llama, por un lado, a generar un bienestar social, lo cual se logra con una reactivación del sector económico y productivo de la ciudad y, por otro, a generar equidad, como idea a desarrollar en este preciso contexto social de la ciudad. Esto, requiere una intervención urgente para lograr, en gran medida, soluciones que disminuyan la crisis social que atraviesa el municipio, pues, probablemente, es la causante de muchos de los problemas de inseguridad que atraviesa, no solo la ciudad, sino el país.

Camilo Ernesto Ossa B.

@camiloossa10

Los problemas de las leyes de vacunas

En todo un debate político se ha convertido la aplicación de las vacunas Covid-19 en el país y, claro está, el Tolima puso su grano de arena a la controversia, me queda la duda si para aclarar u oscurecer más el panorama, pues tremenda complicación jurídica la que están armando por cuenta de la “primicia legislativa”, dos congresistas tolimenses, el uno autor de la Ley 2064 de 2020 –Ley de vacunas- y, el otro, autor del proyecto de Ley 398 de 2021 –Ley para importación y comercialización de vacunas-, que se radicó la semana pasada. El primero introdujo cambios fundamentales en el derecho del consumo y la responsabilidad por productos defectuosos, el segundo, de manera indirecta los piensa introducir en el derecho de la competencia. Ambas áreas del derecho con objetivos comunes, donde los une la eficiencia económica y el bienestar social en los mercados de consumo, ¡casi nada! como diría el profesor Fernando Gómez Pomar, “con el punto de mira en la política redistributiva, o desde una visión paternalista sobre cómo deberían entenderse los derechos legales y económicos de la población de consumidores”.

El proyecto de Ley 398, señala en su artículo 1º que es una política pública –cuando en realidad no lo es-, “para que personas jurídicas y naturales importen, apliquen y comercialicen la vacuna como coadyuvantes del plan de vacunación del Gobierno Nacional …”, así como está redactado, generará una tensión entre los particulares que participen en este nuevo mercado y las reglas del derecho de la competencia -pilar fundamental del Estado Social de Derecho-, pues, solo por citar un ejemplo -porque son varios los problemas que se pueden generar en la materia-, vayamos al ocultamiento del precio, que ha sido una de las principales características en la negociación por parte del Estado con las farmacéuticas, con lo cual, será muy difícil para los ciudadanos de a pie, que somos los que podemos sufrir los abusos –e incluso para los mismos competidores-, saber cuándo existe una discriminación o un precio excesivo -ni que decir donde les dé por introducir una clausula de exclusividad-. Si bien el literal b del artículo 2º del citado proyecto de Ley autoriza al Estado al establecimiento de un sistema de precios “equitativo”, en la práctica será casi imposible para el Estado regular un precio si no conoce de antemano el costo de adquisición.

Por otro lado, la Ley 2064 de 2020 introdujo una modificación a las reglas predeterminadas en el derecho de la responsabilidad por productos defectuosos, ya lo había advertido el profesor Mauricio Velandia, pues estableció –la ley- un sistema de responsabilidad subjetiva por daños ocasionados con la aplicación de las vacunas y, sorpréndanse, creó el “Consejo de Evaluación de las Reacciones Adversas a las Vacunas contra la Covid-19”, el cual tiene “por objeto evaluar la existencia o inexistencia de un nexo causal entre el evento adverso sufrido por un habitante en el territorio nacional y la aplicación de la vacuna contra la Covid-19 en el territorio colombiano”, tarea que le corresponde es a un Juez de la República. Algo que espero, sea revisado por la Corte Constitucional.

Ahora bien, estas reglas creadas en la Ley 2064, que en principio lo fueron para ser aplicadas al Estado, deberán ser ahora modificadas por el proyecto de Ley 398, por cuenta que, así como están diseñadas, también le serían aplicables a las relaciones de los particulares con las farmacéuticas, lo que supone que, como la subjetividad de la responsabilidad en la Ley 2064 es sólo para las farmacéuticas, a los particulares se les debería aplicar la responsabilidad objetiva del Estatuto del Consumidor, con la consecuente posibilidad de tener que reparar el daño por los perjuicios ocasionados, riesgo que, al asumir un particular, necesariamente impactará el precio final.

Para que vayamos viendo.

Camilo Ernesto Ossa B.

@camiloossa10

Apostémosle a lo público

Uno de los debates de la semana pasada estuvo marcado por el “rumor” de la privatización del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué –INFIBAGUÉ- y de la prestación del servicio de alumbrado público por parte de un particular. Ambos aspectos, en mi modo de ver, desafortunados, pues es una obligación otorgarle importancia a lo público desde la eficiencia en la gestión de estas entidades.

Este tipo de empresas, descentralizadas del orden municipal, se crean, no solo para la prestación de un servicio, sino para que puedan participar en un mercado determinado y, en consecuencia, generar utilidades e inversión en el sector al cual están destinadas. Aquí quiero detenerme por ser un valor fundamental de este tipo de empresas, pues estamos acostumbrados a que sean consideradas como fortines políticos para entregar cargos burocráticos sin retribución alguna al municipio y sus habitantes.

Hay que darle valor a lo público, por esa razón, la defensa de las empresas públicas de la ciudad, para que continúen siendo públicas, es una necesidad imperiosa, pero ojo, la defensa no solo radica en exigir que sigan siendo públicas, también hay que exigir que lo público se vuelva eficiente en la gestión de sus intereses y compita con los privados, cualquiera sea el mercado al que pertenezcan, de acuerdo a su naturaleza y su objeto, con miras a ofrecer bienes y servicios a los consumidores finales. Eso sí es apostarle al bien común, al interés general y al desarrollo de la ciudad.

Lograr esto requiere, necesariamente, un despojo de los intereses políticos a cambio de los públicos –de todos-, en busca de la estabilidad económica, la eliminación o morigeración de las desigualdades sociales frente a la distribución de la riqueza, la eficiencia de los recursos y el crecimiento de la economía local, pero sobretodo, es una fuente de ingreso público que, bien administrado, retribuye inversión en la economía local.

En el tintero quiero dejar la siguiente reflexión: Ibagué no solo debe conformarse con las empresas públicas que tiene en la actualidad, debe crear alguna más que ayude a conformar un verdadero conglomerado público y comiencen, entre todas, a participar en diferentes mercados, como por ejemplo, la prestación de los servicios públicos domiciliarios –energía eléctrica, gas y aseo- y los no domiciliarios, como sería el caso de las telecomunicaciones.

Pensemos que, en Colombia y, puntualmente, en Ibagué no tenemos suficiente competencia en servicios públicos –no hay mucho para escoger y en algunos casos no hay opción de escoger-, lo que va en perjuicio de la misma eficiencia en los mercados y el bienestar de los consumidores, pero sobre todo, tener competencia, con incidencia de nuestras empresas públicas, en este o en cualquier otro mercado, es una fuente importante para generar crecimiento y, en consecuencia, desarrollo económico y social.

@camiloossa10